Consecuencias de vulnerar el derecho de asilo

Hechos como políticas migratorias basadas en la nacionalidad, cuotas a la inmigración, devoluciones en caliente o rechazos de asilo sin motivación, son técnicas controvertidas que podrían dar lugar a incumplimiento de los Estados miembros de la UE que los practican en contra de la legislación europea y de derecho internacional que han suscrito.

No existe en nuestra legislación un delito en relación con el derecho al asilo o el incumplimiento de sus principios. Sin embargo, un Estado en caso de incumplimiento de algún precepto del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, deberá responder ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (Francia).

Los tribunales nacionales están, por tanto, obligados a aplicar el Convenio. Si no lo hacen, los Estados se arriesgan a ser condenados por el Tribunal en el caso de que un particular se quejara de que sus derechos no han sido respetados. Este es un requisito imprescindible, que sea un particular afectado (grupo de individuos o una organización no gubernamental) el que interponga una demanda ante este Tribunal. Cabe también la posibilidad de que la demanda la interponga otro Estado miembro, sin embargo, Desde su creación la casi totalidad de las demandas presentadas ante el Tribunal lo han sido por particulares alegando la violación de uno o más derechos del Convenio. Y eso, siempre después de agotar las instancias nacionales. Si el Estado demandado resulta condenado debe ejecutar o hacer lo que dicte la Sentencia.

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo puede conceder a los demandantes una indemnización en concepto de reparación por el perjuicio causado al particular.

Es lo que se conoce como «satisfacción equitativa», esto es, una suma de dinero a título de compensación por los daños y perjuicios sufridos.

Para la ejecución de la Sentencia, el Tribunal trasmite el expediente al Comité de Ministros del Consejo de Europa que establece con el país condenado y con el servicio de ejecución de sentencias la manera de ejecutar dicha sentencia y de prevenir cualquier otra posible vulneración idéntica del Convenio. Esto se traduce en la adopción de medidas generales, que suelen consistir en reformas legislativas y, si es el caso, en medidas individuales.El Comité de Ministros del Consejo de Europa supervisa también el cumplimiento del desembolso en concepto de indemnización.